La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.

El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-

El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.

Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.

No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.

Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.

La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.

Presuntos responsables

En esta Actuación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos, 8 de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).

En estos $45.083 millones se incorpora el hallazgo fiscal de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

La Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:

Alejandro José Lyons Muskus, Gobernador de Córdoba en el período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de responsabilidad.

Edwin José Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).

Sandra Patricia Devia Ruiz, Gobernadora encargada de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.

Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader, Directores del Departamento Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.

Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP, responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante del mismo.

Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.

Hallazgo se sumará a proceso de responsabilidad fiscal en curso

Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).

La Contraloría sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.

Irregularidades en convenio ejecutado por la CUN

Por otro lado, la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democr tica en ciencia,

 tecnología, e innovación a trav s de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en la tics en el departamento de Córdoba”.

Este proyecto tiene un valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste al organismo de control.

Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

Llaman también la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de pesos.

El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “...para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.

En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.

En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la pr ctica del deporte (...) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto cacaotero fallido

Finalmente, se destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservacion de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”.

El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.

El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, pl tano y  rboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.

De ellos, 13 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y otros 2 de carácter penal.